Teoría de las coaliciones

En España sorprende, desconcierta o escandaliza tener un gobierno de coalición. Sin embargo, es lo normal en países que no tienen un sistema bipartidista como el estadounidense, porque es la única manera de gobernar cuando el poder está muy distribuido. Parece que es una solución práctica, difícil, a la que se ha solido tildar de inestable, pero que ha funcionado bien en muchos sitios. Tal vez por eso durante largo tiempo no interesó a la ciencia política. Hasta los años sesenta los politólogos no se ocuparon de hacer una teoría de las coaliciones. Abrió el campo William H. Riker con su influyente The Theory of Political Coalitions. Las estudié por motivos no políticos. Uno de los ídolos científicos de mi juventud fue John von Neumann, un genio matemático al que debemos la arquitectura básica de los ordenadores, y que elaboró la “teoría de juegos” que tanto juego ha dado en el pensamiento contemporáneo (Me avergüenzo del fácil juego de palabras). La teoría de juegos estudiaba la toma individual de decisiones racionales. Y esto es lo que me interesaba porque la función principal de la inteligencia es tomar decisiones y actuar. Fue apoyada por la RAND Corporation interesada en estudiar estrategias para tratar las complejidades de la guerra fría. La teoría de juegos parecía poder fundar una ciencia política rigurosa, pero surgió un problema. Se basaba en la racionalidad de los individuos, pero no decía nada de la racionalidad colectiva. ¿La suma de decisiones individuales era de fiar? Se suponía que temas tan complejos como un ataque nuclear no iba a tomarla solo Stalin, sino que sería una decisión colegiada. Para enfrentarse a la Guerra Fría era necesario, por tanto, elaborar una teoría científica de la toma de decisiones por los grupos. Von Neumann prometió hacerla, pero no la hizo. De ello se encargó Kenneth Arrow, con un trabajo sobre “elecciones racionales y preferencias individuales” que años después le valió el Premio Nobel de Economía. Las conclusiones eran pesimistas: cuando entran en juego tres preferencias o más, la votación es el modo más democrático de tomar decisiones, pero no asegura una decisión consistente. Una votación puede dar resultados muy distintos, según las coaliciones que se establezcan. Es el famoso “Teorema de la Imposibilidad”, que muchos consideraron como “de la imposibilidad de una democracia racional”. Los liberales de Hayek -otro premio Nobel- consideraron que ese teorema daba fundamento a su negativa a aceptar que se pudieran definir conceptos como “bien común” o “bienestar social”. Solo había preferencias individuales y de su suma mediante los votos no resultaba nada coherente. Margaret Thatcher lo resumió en un tuit político:” La Sociedad no existe”

Supongamos que en España hubiera que elegir entre tres valores- libertad, igualdad, nacionalismo-, y que hubiera tres partidos con sus respectivos órdenes de preferencia:

Una misma votación podría dar resultados diferentes según las coaliciones. Un partido nacionalista podría entrar en coalición con un partido conservador- liberal, como sería en Francia el partido de Le Pen, o en España la antigua Convergencia, si estos anteponen el nacionalismo a la libertad. En el planteamiento que he hecho, el partido Socialista clásico también podría entrar en coalición con el Nacionalista, si este anteponía la igualdad al nacionalismo. Y, el partido conservador podría entrar en coalición con el socialista, si este anteponía la libertad a la igualdad. Es decir, todos podrían entrar en coalición con todos, haciendo que una misma votación produjera resultados diferentes.

El asunto se resuelve por la vía práctica. Hay que gobernar como sea. Pero queda planteado un problema de fondo: las coaliciones son tácticas y por lo tanto volubles. Las coaliciones son “alianzas temporales entre diversos grupos o individuos, que en realidad tienen objetivos diferentes, orientadas al uso de determinados medios (por ejemplo, el gobierno)” (Gamson). Funcionan a corto plazo, pero no a largo plazo porque quien ha tenido que ceder en alguna de sus preferencias -piensen en Podemos o en el Partido socialista clásico en la actual coalición española- tienen que maniobrar para acabar imponiendo su tesis en el futuro y zafarse del compañero de coalición. No hay una idea de bien común compartida por todos, aunque todo el mundo lo mencione como meta. Por eso, cuando se habla de “un proyecto de país”, no se pasa de hacer una alusión retórica. Piensen, por ejemplo, que todos lo partidos quieren una “buena educación”, pero no se ponen de acuerdo en lo que esa expresión significa, con lo que nunca se llegará a un pacto. En el modelo de Arrow la única manera de fijar un “bien común” era mediante una dictadura, por lo que era preferible prescindir de la idea de “bien común”. Es lo que pensaba Hayek y lo que gustó a los liberales libertarios. Pero había un pero: según el Teorema de la Imposibilidad de Arrow tampoco el mercado permitía una elección racional colectiva. Y eso a los liberales les ataca los nervios.

Desde el Panóptico vemos que este problema no es nuevo. Nació con la democracia. Rousseau afirmó que las decisiones políticas debía tomarlas la “voluntad general”, pero esa voluntad general no podía ser la mera suma de opiniones, preferencias y pequeñas voluntades individuales, una voluntad en calderilla. Tenía que ser una voluntad única: la de la Nación, la del Pueblo. Había que buscar la unanimidad y excluir a los disidentes. Robespierre encontró el modo de conseguir la unanimidad: la guillotina. Alumnos aventajados suyos fueron Hitler, Lenin, Stalin y Mao. Tenía razón Arrow: la búsqueda de la voluntad única lleva a la tiranía. En una democracia no hay una voz unánime. Cuando alguien le diga “la Nación quiere” o “el Pueblo quiere” puede estar seguro de que le está timando.

¿Hay alguna solución? ¿Es verdad que no podemos ponernos de acuerdo en la noción de “bien común”? Pues, en efecto, no podemos definirlo si intentamos hacerlo sumando los intereses, las preferencias o las opiniones. Esta es, sin embargo, la democracia fácil, la que estamos publicitando, la de las redes sociales y los trending topics, la que afirma, como si fuera el colmo de la objetividad, que todas las opiniones son respetables, la que Arrow toma como modelo. La llamó “democracia fácil” porque cada votante puede dejarse llevar de lo que le pide el cuerpo.

La otra opción es una “democracia difícil”, basada en la argumentación racional, porque la tarea de la razón es buscar verdades y valores universales. Es decir, el “bien común” no puede ser definido democráticamente, sino que debería ser definido por otro camino, el de la razón. Como la tabla de multiplicar, que no es democráticamente elegida. Ese acuerdo sobre el “bien común” debía ser previo a las votaciones, alcanzado por medios argumentales. Así hemos conseguido ponernos de acuerdo en muchas cosas: en la igualdad de los seres humanos, en los derechos universales, en la abolición de la esclavitud, etc. Que haya dos caminos para tomar decisiones (votaciones y/o argumentos) es lo que nos permite distinguir entre legalidad democrática y legitimidad. Un acuerdo democrático -por ejemplo, si se votan poderes totales para un gobernante- puede ser legal e ilegítimo. Pero la búsqueda de la racionalidad es un camino lento y costoso. Da lugar a un hecho que puede parecer contradictorio: una persona puede decir “prefiero A, pero voy a votar B porque me parece mejor”.

Desde el Panóptico vemos que esos valores fundamentales en que nos hemos puesto de acuerdo con frecuencia son demasiado amplios para tomar decisiones concretas. La inteligencia política ha inventado una útil “ficción política”: vamos a aceptar (a sabiendas de que es una ficción) que hay un tipo de votación que va a representar la “voluntad general” durante un plazo de tiempo: la votación constituyente. No es un engaño, porque desde el derecho romano se sabe que la “ficción jurídica” es un modo de resolver problemas complejos. Decimos, por ejemplo, que una sociedad anónima es una “persona jurídica”, a sabiendas de que no es verdad. Decimos “todos los hombres nacen libres” a sabiendas que no es verdad. La actitud constituyente es una situación excepcional. En ella se finge sin engaño que las constituciones derivan del Pueblo como personalidad única, cuando si uno se atiene a las votaciones derivan sólo de la mayoría de la gente. Recuerden el artículo 1 de la CE: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad”.  Evidentemente, no es la Nación la que expresa su voluntad, sino que los ciudadanos aceptan considerar que la “mayoría” que vota una Constitución representa a la nación entera. Para dar estabilidad a una noción concreta del bien común, se la acepta como marco de referencia a partir del cual se empezarán a tomar las decisiones legales ordinaria. A partir de ella, las votaciones pueden tratar sobre las preferencias concretas, que se mueven en el nivel de los procedimientos, pero no de los fines. Es posible que haya otra solución mejor, pero hasta ahora no se nos ha ocurrido ninguna.