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La Administración del Estado es el órgano de realización de las políticas gubernamentales. El gobierno debe señalar las prioridades, los objetivos, los procedimientos que quiere utilizar para realizarlos. Los equipos de estudio de los partidos políticos pueden proporcionar indicaciones de cómo hacerlo, pero la última concreción de las soluciones tiene que hacerla la Administración. Esta es su función técnica. Cuando se habla de la “neutralidad de la administración” se está hablando de que tiene que poner todos sus recursos al servicio del proyecto político propuesto por el gobierno salido de las urnas. Pero esa neutralidad no impide que la Administración sea una organización inteligente, con sus fuentes propias de información, y sus recursos intelectuales. Cuando el Congreso o el Senado piden un dictamen a los letrados de las Cámaras, están sometiendo su proyecto a la inspección de la Administración, de un Cuerpo no elegido democráticamente, sino por méritos profesionales.

El funcionario con ética es el mejor salvaguarda de los fines del Estado

El artículo 97 de la Constitución impone la “subordinación” de la Administración al gobierno, pero sin perder su finalidad propia, que es expresada en el artículo 103: servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales. Es evidente que esa también es la finalidad del gobierno, pero, a mi juicio, convierte a la Administración en un agente con una cierta independencia para influir en el en nombre de la sociedad.  Ese poder es el que algunos políticos como Trump han denunciado como Deep State, un Estado dentro del Estado, pero si su intervención está justificada podrá considerarse una prueba del triple principio de neutralidad, objetividad e imparcialidad. Esto enlaza con la parte de verdad que tiene la teoría de Hegel que expuse en otro post: los funcionarios son realizadores de la eticidad, es decir, del bien común, de los intereses generales. En un caso dramático esta obligación se vio con claridad. Durante el juicio a Adolf Eichman por los crímenes nazis, él arguyó que solamente cumplió con diligencia sus labores administrativas. Pero la obediencia debida tiene sus límites.