En el laberinto de la gestión pública, la línea entre el éxito de una reforma y el desastre absoluto suele depender de un factor que los gobiernos pasan por alto de manera sistemática: los incentivos perversos. En una reciente mesa de análisis sobre economía conductual y políticas públicas, expertos en la materia han advertido que intervenciones estatales bienintencionadas —desde el actual control de los alquileres hasta crisis históricas como las hipotecas basura— encierran el peligro de provocar exactamente el efecto contrario al deseado, un fenómeno universal conocido históricamente como el «efecto Cobra».
El término, que se remonta a una fallida estrategia colonial británica en Delhi donde ofrecer recompensas por cazar cobras incitó a los ciudadanos a criarlas en sus casas para lucrarse, sigue más vivo que nunca. Los analistas señalan que este patrón de fraude y distorsión de incentivos se replica en múltiples escalas, como ocurrió tras el Protocolo de Kioto con los bonos para destruir el gas contaminante HFC-23, un mecanismo que llevó a varias industrias químicas a producir intencionadamente toneladas extra de este compuesto con el único fin de destruirlas y cobrar miles de millones en subvenciones.
El dilema de la vivienda: ¿alivio inmediato o escasez a medio plazo?
El debate cobra especial relevancia al analizar los decretos contemporáneos sobre la vivienda y la eficiencia de topar los precios del alquiler o decretar prórrogas automáticas de los contratos. Según los expertos en economía conductual, estas medidas sufren de una peligrosa dualidad temporal:
- A corto plazo: Tienen un efecto beneficioso e inmediato, liberando a los inquilinos de la angustia financiera y proporcionando estabilidad habitacional.
- A medio y largo plazo: Se vuelven perjudiciales si se perpetúan, ya que provocan que los propietarios retiren de forma masiva sus inmuebles del mercado ante la falta de rentabilidad y seguridad jurídica.
Los especialistas defienden que el control de precios debe ser estrictamente una medida coyuntural y temporal, aplicada únicamente mientras se diseñan estímulos fiscales y regulatorios que animen a los propietarios a mantener y aumentar la oferta de pisos en el mercado.
Hay que identificar el problema, plantearlo bien, y tener cuidado con lo que premias o castigas.
Recuperando la máxima de Albert Einstein («Si tuviera una hora para salvar el mundo, dedicaría 55 minutos a definir el problema y 5 a encontrar la solución»), la administración debe diagnosticar con precisión antes de legislar.
El éxito de la política del siglo XXI no se medirá por la nobleza de sus intenciones, sino por su capacidad técnica para prever las consecuencias reales y anular los incentivos perversos antes de que la realidad social se vuelva incontrolable.
