Escuela y nacionalismo

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Muchas voces reclaman la recentralización de las competencias educativas. En una posible reforma constitucional, ¿se plantearía el tema?

Thomas Jefferson, principal autor de la Declaración de Independenciade EEUU (1776), pensaba que una constitución no debía durar más de 19 años, para evitar así que “los muertos gobernaran a los vivos”. Madison, uno de los autores de ‘El federalista’, le rebatió advirtiendo del peligro que entraña consultar frecuentemente a la sociedad sobre cuestiones constitucionales, “porque se movilizan demasiado las pasiones políticas”, y es previsible que ellas sean más poderosas que la racionalidad. En la situación española, conviene recordar este sabio consejo.

El secesionismo catalán ha vuelto a llamar la atención sobre la instrumentalización nacionalista de la escuela. Como ha señalado Fernández Enguita, se ha hecho por varios caminos: utilización vehicular preferente del catalán, sesgos en la programación al tratar temas históricos, actuación pronacionalista de una parte del profesorado, y la presión de las familias a través de instituciones como Fapac (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña).

Ante esta situación, muchas voces reclaman la recentralización de las competencias educativas, y es de suponer que en una posible reforma constitucional se plantearía el tema. Se han cometido, sin duda, excesos. Leo en ‘Vida Nueva’, revista católica, que el Ministerio de Educación ha pedido responsabilidades por casos como el de una monitora de un colegio de jesuitas que, el día después del referéndum del día 1, terminaba así un cuento dirigido a niños de siete años: ”Se mata al rey y a los policías malos”. Sin duda, la pasión nacionalista enturbia el juicio, pero creo que esta actitud no se puede generalizar.

“Entidades históricas”

Conviene recordar que el artículo 27 de la Constitución, que trata de la educación, fue uno de los escollos más difíciles de resolver. El Partido Socialista llegó a marcharse de la comisión que lo estudiaba, y al final se llegó a una solución de compromiso —a una tregua, dice alguno de sus comentadores— que ha dado lugar al baile legislativo que hemos sufrido en este asunto. Desde finales del siglo XIX, la educación española está ideologizada, como estudié en ‘Papeles para un pacto educativo‘.

El titular del derecho a la educación es el niño o el adolescente, que merece ser educado de la mejor manera posible

La situación ha cambiado, porque desde 1978 se han transferido las competencias y se han elaborado los estatutos de Autonomía, que son legislaciones ‘cuasi constitucionales’. Muñoz Machado, en su interesante libro ‘Vieja y nueva Constitución‘, habla de una “constitución evolutiva”, que permite una mayor flexibilidad para resolver los problemas, sin caer en el inmovilismo anacrónico ni en la ebriedad del cambio por el cambio. En los últimos decenios, también se ha despertado en España una concupiscencia identitaria.

Colegio. (EFE/Nacho Gallego)
Colegio. (EFE/Nacho Gallego)

Todas las comunidades autónomas han necesitado reforzar sus señas de identidad. Como ha señalado Santos Juliá, la segunda oleada de estatutos de Autonomía se han empeñado en convertir sus comunidades en “entidades históricas”. Hay una razón de peso. Desde el comienzo del orden político, el poder fáctico ha necesitado legitimarse, para lo que ha apelado a todo tipo de legitimaciones, desde la religión hasta la voluntad del pueblo. Los derechos históricos forman parte de esas legitimaciones, por lo que quienes quieren el poder autonómico apelan a ellos. El estudio de la historia deja de ser un intento de conocer el pasado para convertirse en un apoyo del poder.

Estado vs. familia

Los sistemas públicos de educación tienen como finalidad hacer posible el ejercicio del ‘derecho a la educación‘. En España se enfrentan dos posturas: unos dicen que el derecho lo tiene el Estado, y otros que lo tienen las familias. Pero ninguna de esas instituciones son titulares de tal derecho. El titular del derecho a la educación es el niño o el adolescente, que merece ser educado de la mejor manera posible. Los padres son sus representantes, pero eso no les da un salvoconducto para hacer lo que quieran. El superior interés del menor —ser bien educado— está por encima de sus preferencias. ¿Se defiende el derecho a la educación adoctrinando al niño en modelos nacionalistas o religiosos? Creo que no, aunque tradicionalmente es lo que la escuela ha hecho.

No olvidemos que la escuela pública nació para fomentar la identidad nacional o religiosa. Con ese fin, Lutero escribió su carta a los príncipes alemanes sobre la necesidad de fundar escuelas cristianas. “Prusia creó el primer sistema escolar de Europa para no volver a ser invadida por Napoleón —escribe Fernández Enguita—, y Francia creó su ‘école unique’ tras serlo por las tropas de Bismarck. Estados Unidos creó la Common School para asimilar las oleadas inmigrantes. Por doquier el magisterio patriótico, las escuelas normales, las cruzadas de alfabetización, etc. han servido a la construcción nacional”.

Hay que proteger a los alumnos de todo intento de adoctrinamiento, y despertar su pensamiento crítico, condición indispensable de la libertad

En principio, la descentralización educativa no es mala. En el Reino Unido no hubo currículo nacional hasta 1998, y con una fuerte oposición. En España siempre nos gustó un sistema centralizado, quees más fácilmente manejable. La transferencia a las autonomías ha recentralizado la educación a otro nivel, el autonómico. Aunque se habla mucho de autonomía de los centros, se fomenta la uniformidad. Hay que insistir de nuevo en que la escuela no tiene como misión formar catalanes, franceses, castellanos, católicos, protestantes, musulmanes, sino personas con la suficiente información y el suficiente criterio para tomar buenas decisiones cuando llegue el momento.

En pleno movimiento revolucionario, del que acabó siendo víctima, Condorcet escribió que en la escuela pública solo se debería enseñar lo universal, es decir, la ciencia y la ética. Todo aquello que sesgara la información o limitara la libertaddebería estar prohibido. A pesar de los hechos que comento, los excesos doctrinarios que pueden producirse en la escuela pueden atajarse con la legislación vigente.

Competencias estatales

La Constitución española y diversas sentencias del Tribunal Constitucional precisan las competencias educativas que son exclusivas del Estado: ordenación general del sistema educativo, fijación de las enseñanzas mínimas, regulación de las titulaciones académicas y profesionales, el establecimiento de las normas básicas para desarrollar el artículo 27 de la Constitución, la Alta Inspección educativa. También la formación del profesorado es competencia estatal. Además, el Consejo Escolar del Estado o las conferencias sectoriales de Educación pueden influir en una política educativa cohesionada. Pero estos recursos no se han aprovechado, porque nunca ha habido una buena gestión educativa desde el Ministerio de Educación. Todos los ministros han pensado que con cambiar la ley se cambiaba la escuela, lo que es una ingenuidad culpable por su falta de realismo.

Banderas esteladas durante el acto unitario del independentismo. (EFE)
Banderas esteladas durante el acto unitario del independentismo. (EFE)

¿Quién debería vigilar para que el derecho a una buena educación se cumpliera? Como en todos los temas controvertidos, que despiertan con facilidad pasiones y, por lo tanto, arbitrariedades y falsas evidencias emocionales, debe ser la interacción continua de todos los agentes sociales: padres, Estado, ciudadanos, expertos, etc. Sin embargo, como docente, creo que nosotros deberíamos tener un papel relevante, asumir la responsabilidad de ser la conciencia educativa de la sociedad, ganarnos la confianza de toda la comunidad. Deberíamos centrarnos en proteger a nuestros alumnos de todo intento de adoctrinamiento, y en despertar en ellos el pensamiento crítico, que es condición indispensable de la libertad.

El Confidencial, 7 de noviembre de 2017

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