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La Calidad del Aprendizaje

Se cierne sobre nosotros otra Ley de Educación. Ahora se llamará LOMCE. Como todas, tiene como objetivo mejorar la educación, eliminar el fracaso escolar, facilitar la empleabilidad, fomentar la igualdad de oportunidades y alcanzar un gran consenso político. Por supuesto. Nadie en su sano juicio propondría lo contrario. La experiencia nos dice que si no cambian las cosas, la ley se hará sin acuerdo, y el siguiente Gobierno volverá a sustituirla por otra. ¿Y qué es lo que debería cambiar para que este círculo infernal se rompiera? Esa es la pregunta del millón, a la que me atrevo a dar una respuesta: que el debate se plantee en la sociedad. No habrá pacto político si no se consigue primero un pacto social. Y este pacto tendrá que ser inevitablemente un pacto ilustrado, sabio, informado, argumentado. O sea, lo contrario a ideológico, precipitado y pasional. Conseguir ese debate es difícil, porque la educación es un tema arduo, donde no valen las corazonadas, y en el que unas cosas las sabemos con certeza, otras no del todo, y otras están en perpetuo cambio, como la sociedad.

Necesitamos presentar al público las ideas y los datos para ese debate, y evitar así ebriedades sectarias. Por eso, si El Mundo me lo permite, después de vacaciones me gustaría explicarles con calma, en una serie de artículos, lo que más allá de disputas partidistas, de filias y fobias, sabemos acerca de cómo mejorar un sistema educativo, es decir, de cómo pasar de una escuela de bajo desempeño a una de alto rendimiento. Hoy me limitaré a comentar el anteproyecto de ley, para señalar algunos temas importantes y para recomendar sosiego y rigor en la discusión. La educación en España ha estado secularmente ideologizada, y nadie se fía de nadie. Por eso hace falta un trabajo previo de desintoxicación de la sociedad. Mejorar la educación no es un misterio ni un milagro. Lo han hecho otras naciones. No necesita una inversión prohibitiva. No exige un siglo para hacerse. Puede conseguirse con una inversión de entre el 4,5% y el 5% del PIB, en un plazo entre 3 y 6 años.

Para afrontar bien el futuro, nuestra educación debe mejorar. Como a pesar de repetirlo continuamente nadie parece tomárselo en serio, volveré a recordar que la formación es la gran riqueza de las naciones. A pesar de la incertidumbre del tema, sabemos algunas cosas ciertas sobre el futuro. Va a ser globalizado, ferozmente competitivo, basado en industrias de alto valor añadido, sostenidas por la investigación y la técnica, en el que va a haber grandes oportunidades para quien sepa aprovecharlas, pero que va a ser inclemente con quien no lo haga. En estas circunstancias, es un imperativo moral ayudar a que nuestros ciudadanos estén en buenas condiciones para enfrentarse a ese mundo. Para ello necesitamos cambiar las estructuras educativas. Los gobiernos no lo pueden todo, pero tienen un papel importante, como demuestra la situación actual. Al hablar de la calidad de la escuela española se comete un error estadístico. El mismo que nos dice que si tú tienes un millón de euros y yo nada, cada uno tenemos medio millón de euros. Como ha vuelto a indicar el informe sobre la calidad de la enseñanza en las distintas comunidades autónomas españolas patrocinado por el BBVA, hay una enorme distancia entre unas y otras. Hay comunidades que ocupan primeros lugares en el Pisa. Es decir, que con una misma ley educativa unas comunidades lo han hecho mejor que otras, luego una parte importante del éxito y el fracaso no puede achacarse a las leyes, sino a la gestión. Hay que aprender de quienes lo han hecho bien. Pero de educación se habla sin datos, o con pocos datos o interpretando sesgadamente los datos. Cada vez que oigo cánticos nostálgicos a lo bien que educaba la escuela antigua tengo la convicción de estar frente a la ignorancia o la impostura. ¿De qué escuela me hablan? ¿Qué índices de escolarización teníamos en ese país añorado? Tal vez les escandalice lo que voy a decirles: Nunca hemos tenido mejor escuela que la actual. Lo que ocurre es que no es suficientemente buena.

Me gusta contar la historia de un profesor americano de Pedagogía que el primer día de curso dice a sus alumnos, futuros docentes: «He dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera. ¿Quieren que pase a darles una demostración?». Los alumnos asienten entusiasmados. El profesor introduce al perro que se tumba delante de la mesa. Pasan cinco minutos y el perro no dice nada. Pasan 10 minutos y el silencio continúa. Al fin, un alumno exclama: «Señor profesor, su perro no habla». El profesor contesta: «Espero que esto les sirva en el futuro. Yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiese aprendido». Su profesión no es enseñar, es conseguir que aprendan. Lo que necesitamos es una Ley para la Mejora del Aprendizaje. ¿Lo consigue este nuevo anteproyecto?

Propone varias cosas. Reducir las asignaturas, promover la autonomía de los centros, establecer itinerarios hacia el bachillerato o la Formación Profesional en los últimos cursos de la ESO, imponer controles externos de evaluación. Estos dos últimos aspectos son los que han despertado más polémica. ¿Son buenas o malas iniciativas? La flexibilidad de los programas es necesaria para atender a la diversidad del alumnado, por lo que permitir que en los dos últimos cursos de la ESO los alumnos puedan dedicar más tiempo a actividades educativas más académicas o más prácticas, no los discrimina sino que favorece su permanencia útil en el sistema educativo, con tal de que no les cerramos ninguna posibilidad de ampliar su educación.

El segundo tema, que al parecer es el que más oposición ha desencadenado en la reunión de consejeros de Educación es el de las reválidas. La pregunta importante es ¿las pruebas de evaluación mejoran el aprendizaje? No y sí. Depende. Hay pruebas de evaluación con eficacia pedagógica, y hay pruebas de evaluación meramente aduaneras. Si estas toman excesiva importancia, la enseñanza deja de tener como objetivo aprender para tener como objetivo aprobar. El segundo curso de bachillerato se ha convertido en una preparación para la selectividad, por desgracia, y eso puede ocurrir en el curso anterior a cada reválida. El sistema educativo -como todos- necesita una seria cultura de la evaluación. Tienen que ser evaluados los alumnos, los profesores, los centros, los directores, los inspectores, los currículos, los métodos pedagógicos y los ministros. Las reválidas funcionan en países donde hay una eficaz cultura de evaluación pedagógica continua. Los profesores debemos evaluar a nuestros alumnos continuamente para detectar cualquier retraso. La solución al fracaso escolar está en detectarlo y afrontarlo precozmente, no al final del curso o de la etapa. Pensar que mano dura en los controles es lo que necesitamos, es elegir el camino más fácil y menos claro. Más trabajo duro en las aulas es lo que necesitamos.
Creo que la ley debe estudiarse con gran parsimonia. Pero, dirá el Gobierno, ¡es que no podemos esperar! ¡Claro que podemos! La reforma educativa puede hacerse sin necesidad de una ley orgánica. La información que tenemos sobre las reformas que han tenido éxito -la que proporcionan los dos informes McKinsey, las obras del canadiense Michael Fullan, del estadounidense Tony Wagner y de otros expertos- nos dicen que la clave está en la formación del profesorado y en la gestión de los centros educativos, que exige un cuerpo de director@s altamente cualificado, seleccionado, pagado y respetado. Para poner esto en marcha no hace falta una nueva ley de educación.

De todo esto, de las experiencias que se han hecho en todo el mundo, me gustaría hablarles después del verano, para convencerles de que si no conseguimos en un plazo breve un sistema educativo de excelencia es porque no queremos o porque no sabemos. Y ninguna de ambas cosas es buena.

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