LA EDUCACIÓN: EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

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Una vez más, la escuela está en periodo transitorio y en gresca: con una futura ley a la que ya se ha anunciado el bloqueo y la derogación cuando sea posible, tenemos incertidumbre y parálisis educativa para otro decenio.

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La tramitación de una nueva ley de educación en tiempos tan convulsos y polarizados me resulta incomprensible. Y, como creo que quienes la han impulsado son personas inteligentes, me inclino a pensar que hay alguna razón que se me escapa. La más benévola es que el PSOE se había comprometido a derogar la LOMCE y había que cumplir la promesa como fuera. Otra, menos aceptable, que había que contentar a socios de la coalición, de una forma más simbólica que real –pero ya se sabe que lo simbólico en política llega a ser más real que la propia realidad–. A eso puede deberse la adopción del término «lengua propia», para mencionar las lenguas cooficiales y la eliminación del castellano como lengua vehicular, aunque después se hable en la ley de «enseñar en castellano», que es sinónimo de «vehicular».

El hecho es que, una vez más, la escuela está en periodo transitorio y en gresca. Con una futura ley a la que ya se ha anunciado el bloqueo y la derogación cuando sea posible, tenemos incertidumbre y parálisis educativa para otro decenio. Esta situación es nefasta para una escuela que en estos momentos tiene que recuperarse de la covid urgentemente y adecuarse a un mundo acelerado en el que la educación va a ser fundamental.

Una ley hecha sin un pacto previo no es viable. El pacto escolar es imprescindible por cuatro motivos. El primero, la complejidad de la educación y de los desafíos a que se enfrenta continuamente hace indispensable la implicación del mayor número posible de agentes tanto del ámbito educativo como de la sociedad en general. El segundo, las mejoras educativas son apreciables a medio y largo plazo, por lo que requieren tiempo y estabilidad, a la vez que flexibilidad para adaptarse a los inevitables cambios. Tercero, dada la gran importancia social que tiene la educación, se corre el riesgo de su ideologización política, religiosa o económica. La participación activa de la ciudadanía en la legislación sobre el sistema educativo y en su gestión es una garantía democrática y puede contribuir profundamente a la eficiencia del sistema. El cuarto y último motivo es que, con frecuencia, suele pensarse que un pacto es necesario para alcanzar un acuerdo legislativo, pero en el caso de la educación es necesario prolongarlo para la puesta en práctica de las leyes, lo que vuelve a hacer imprescindible la estabilidad y la colaboración. Todos los Gobiernos han caído en la ingenuidad de pensar que con cambiar una ley se cambiaba la escuela, cuando esto, en realidad, solo sucede cuando cambia lo que ocurre en las aulas. Y eso depende de muchos factores.

«Todos los Gobiernos han caído en la ingenuidad de pensar que con cambiar una ley se cambiaba la escuela»

A pesar de su necesidad, un pacto escolar en este momento es insuficiente. Necesitamos un acuerdo nacional para la sociedad del aprendizaje, como ha recomendado la OCDE. La sociedad se rige por una implacable ley universal del aprendizaje, que dice que «toda persona, institución, empresa o sociedad, para sobrevivir, necesita aprender a la misma velocidad con la que cambia el entorno; y si quiere progresar, a mas velocidad». El proyecto europeo para el futuro diseña una sociedad tecnológicamente competitiva, económicamente dinámica, que mantenga altas prestaciones sociales. Hace falta generar mucho talento para conseguirlo, y de ello se encarga la educación. Tendremos que aprender con rapidez y continuamente. Eso implica, por supuesto, a la escuela, y también a las universidades, a las empresas, a los centros de investigación, a las compañías tecnológicas, a las administraciones públicas y, por supuesto, a los políticos.

La escuela se nos queda pequeña para un reto semejante. Pondré como ejemplo la Formación Profesional. Solo con la colaboración entre escuelas y empresas podremos poner en marcha la Formación Dual. Tenemos que integrarla, además, con los planes de formación para el empleo. Hace unos meses, el rector de la prestigiosa Universidad de Singapur decía que obsequian con un curso gratis de reciclaje a quienes obtienen un grado, porque conocen la obsolescencia de los programas. La ampliación de las expectativas de vida impone fomentar el aprendizaje en la tercera edad. La inminente invasión de potentes sistemas de inteligencia artificial nos obliga a rediseñar un nuevo modelo de inteligencia natural, porque para manejar una realidad tecnológicamente expandida, necesitamos una inteligencia expandida también.

Esta movilización educativa de la sociedad diseña una arquitectura política clara. El Estado debe convertirse en promotor de ese acuerdo para la sociedad del aprendizaje, porque quien tiene que ponerlo en práctica es la sociedad civil entera. Debemos incorporarnos al grupo de naciones que han comprendido que los problemas no se resuelven solos, que hay que aprender a resolverlos. Hablamos mucho, y con razón, de fomentar el emprendimiento, de estimular la innovación, como si fueran habilidades que cayeran el cielo. Hay que aprender a emprender, a innovar, a resolver problemas. El lema es simple y poderoso: hay que aprender para tomar buenas decisiones y actuar.


Publicado en ETHIC, 24/11/2020

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