Identidades múltiples y el nuevo catalanismo

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Estos HOLOGRAMAS son un ensayo de PERIODISMO EXPANSIVO. Conocer lo que ocurre es fácil, comprenderlo es complejo. Cada lector debe poder elegir el nivel de comprensión en que quiere moverse. Propongo tres niveles: uno, reducido, en formato papel. Otro más amplio, en formato digital, que, a su vez, remite a una RED DE COMPRENSIÓN sistemática, necesaria por la inevitable conexión de los asuntos. Tal vez sea un proyecto megalómano, pero creo que vale la pena intentarlo. El artículo inicial de este holograma se publicó en el suplemento Crónica de EL MUNDO el día 29 de Septiembre:


Identidades múltiples. Varios movimientos pretenden articular un catalanismo no independentista. Uno de ellos, denominado “El País de demà”, se ha reunido en el Monasterio de Poblet, donde está el Archivo Tarradellas. ¿Una elección simbólica? Según la prensa, sus miembros piensan que la independencia es una aspiración legítima, pero solo viable mediante fórmulas negociadas que combinen el principio democrático, el Estado de derecho y los derechos de las minorías. Ven necesario redefinir una “nueva catalanidad”, más allá de los factores de identidad nacional tradicionales. Para ello, proponen reducir la importancia del origen y el pasado en la definición de la identidad y centrarse en fijar un conjunto de expectativas para el futuro. También se han mencionado dos conceptos importantes: las “identidades múltiples” y la “vía canadiense”. Incluso Jordi Pujol, en un reciente artículo, parece olvidarse de la independencia. Defiende un encaje efectivo en España, y confía en tres medidas para resolver la cuestión catalana: “Poder político y competencial real, una financiación justa y suficiente, además del reconocimiento de la identidad propia”. En un ambiente de desconfianza, mucha gente es razonablemente escéptica ante estos pronunciamientos, pero creo que debemos repensar el conflicto “a la europea”. Al parecer, lo quieren todos, pero ¿en qué consiste? 


HOLOGRAMA 19.


Pensar a la europea supone someter ideas y creencias a reflexión crítica, luchas contra los inevitables prejuicios y buscar justificaciones universales mediante la razón. A pesar de que su historia ha estado también zarandeada por el fanatismo y la violencia, Europa ha alumbrado frutos excelentes, como la ciencia, la democracia y los derechos universales. En la actualidad ha conseguido lo que parecía imposible: unir naciones que se han estado destrozando durante siglos y formar una comunidad europea pacífica y cooperadora.

Este modo de pensar se ha tenido que enfrentar siempre a un hecho incontestable: los seres humanos actúan con frecuencia de manera irracional, y sus formas de organización política no están diseñadas racionalmente. Son azarosas y chapuceras. El poder se ha impuesto en todas las sociedades por la fuerza o por la habilidad, aunque después haya necesitado siempre legitimarse a ojos de los súbditos, apelando a mitos o a creencias religiosas. El pensamiento europeo también ha pasado por ello, pero ha intentado ir mas allá y buscar una legitimación racional: la teoría del derecho natural, de la soberanía, de los derechos subjetivos, de la igualdad, de la democracia forman parte de esa historia. En este contexto de búsqueda crítica aparecen nociones de enorme importancia, como Nación o Estado, inventadas para resolver problemas, pero que se convierten después en generadoras de problemas. En parte por su imprecisión. John Elliott en su libro Catalanes y Escoceses pone como ejemplo la obra de David McCrone Understanding Scotland. La primera edición llevaba por subtitulo: “Sociología de una Nación sin Estado”. En la segunda, lo cambió por “Sociología de una Nación”, porque entre ambas ediciones Escocia había recuperado su Parlamento, por lo que “ya no carece de Estado”. En este sentido, Cataluña sería ya un Estado.

En este Holograma quiero utilizar la experiencia histórica y filosófica europea para pensar el nacionalismo en general, y el catalán en particular:

  1.  Nominalismo o realismo de las entidades nacionales. Las polémicas entre nominalismo y realismo de los conceptos pueden parecer anticuadas y meras disquisiciones escolásticas, pero son plenamente actuales. En el terreno político, lo que se discute es si “nación” es un concepto que designa una realidad o es un mero “nombre” para una ficción ideal. En este caso, lo que se trata de dilucidar es si un ente ideal como “Nación” puede tener derechos. Ocurre lo mismo con la palabra “Pueblo”. ¿Existe como realidad independiente, que puede ser sujeto de derechos, o es simplemente un nombre colectivo, un agregado de individuos? Durante el siglo XIX y una buena parte del XX, las naciones y las naciones -Estado tendían a ser descritas en términos esencialistas como entidades fijas y permanentes, productos naturales y predeterminados de un sentimiento territorial arraigado de identidad colectiva. La ideología liberal en que se fundan nuestras democracias defiende que los derechos fundamentales son siempre individuales. Conferir realidad a esos entes ideales (Nación, Pueblo, Raza, Clase, etc.) ha producido tremendas tragedias, por lo que debemos rechazar que tengan derechos y más aún que tengan derechos de mayor nivel que los individuales.
  2.  Los problemas identitarios se basan en sentimientos de pertenencia, que pueden ser reforzados por reclamaciones de derechos. El sentimiento de pertenencia a un grupo es emocional, espontáneo y universal. En cambio, el sentimiento de pertenencia a una entidad política -al reino o a la nación- ha sido siempre cultivado. Unas veces desde el poder, otras desde la acción proselitista de personas especialmente comprometidas con la idea. Eric Hobsbawn recordaba que en el primer Parlamento del recién creado Reino de Italia (1861), un diputado dijo: “Ya hemos constituido la nación italiana, ahora necesitamos construir el ciudadano italiano”. No existía ese sentimiento de identidad, y era necesario inventarlo. Como Fukuyama acaba de recordar en Identidad, la defensa de la identidad ha ido con frecuencia relacionada con movimientos reivindicativos, que pedían el reconocimiento de derechos para distintos colectivos. A esto se refería Hegel al decir que la historia es una permanente búsqueda de reconocimiento. Conviene poder distinguir cuando el sentimiento de identidad es construido para justificar una concepción del poder, y cuando es un acto legítimo de reivindicación, que se basa en derechos realmente existentes y menospreciados. ¿A cuál de estos grupos pertenece el nacionalismo catalán?
  3. Ninguna identidad define en exclusiva a una persona. Cualquier “identidad” social, religiosa, política, cultural es manipulada cuando se considera que define por completo el ser de una persona. La pertenencia a una cultura, a una religión, a un Estado no constituyen la personalidad entera. Todos pertenecemos a grupos sociales diferentes con los que podemos identificarnos. Cada uno de ellos exige unas condiciones, una fidelidad y una responsabilidad. Me identifico con mi familia, con mi ciudad, con mi nación, con la Humanidad en su conjunto. Por eso, conviene reconocer que tenemos identidades múltiples. Hace años, en unas jornadas sobre nacionalismo a las que me invitó Jordi Pujol defendí, junto al nacionalismo de la reivindicación, el nacionalismo de la responsabilidad. Lo importante no es “a quien pertenezco”, sino “de quien soy responsable”. Los círculos de responsabilidad son concéntricos, pero no excluyentes. Soy mas responsable de mi familia que de una familia de Zambia, pero no se puede decir que no tenga ninguna responsabilidad por muy débil y lejana que sea con esta última. Toda ideología que subsume la realidad de una persona en una única identidad está falseando o amputando la realidad. Reflexionar sobre las “identidades múltiples” me parece importante para pensar el conflicto catalán. Cualquier defensa de una única identidad excluyente ha conducido antes o después al horror. Al menos, eso dice la historia.
  4.  Las “constituciones democráticas” pretenden racionalizar situaciones de hecho. Las Constituciones democráticas son una espléndida solución al problema de organizar la convivencia política, proporcionando una rigurosa estructura estatal y una norma básica acordada que señala las reglas del juego político. Todas ellas, sin embargo, dejan sin resolver el problema del origen del “poder constituyente”. ¿Quién es el sujeto de ese poder? Las dos soluciones -el pueblo o la nación- remiten a realidades ya constituidas previamente. Este es un vicio de origen de todas las Constituciones democráticas: se basan en realidades sociales no democráticas, en colectividades unidas frecuentemente por la fuerza o por el azar. Este problema surgió al elaborar la Constitución española. García Pelayo, primer presidente del tribunal Constitucional, consideraba que era un disparate reconocer “derechos históricos”, porque no habían sido promulgados democráticamente. En cambio, Herrero de Miñón, defendía y defiende la vigencia de esos derechos. La Constitución española salió del paso con una solución salomónica. Los ciudadanos de un Estado ya existente los legitimaban democráticamente, pero reconociendo los derechos históricos de realidades preconstitucionales. Unos eran los derechos históricos del País Vasco y de Navarra, y otros implícitamente reconocidos los derechos históricos de todos los ciudadanos de la nación española configurada ya en Estado. La Constitución era y no era el comienzo de todo. Así se han hecho las constituciones democráticas modernas. En ocasiones, los Estados estaban ya muy consolidados y no se han producido problemas. En otros, como España, se defendían identidades diferentes, que aspiraban a ser reconocidas, y los problemas aparecieron. José Luis Villacañas considera que España fue un Estado unificado mucho antes de ser una nación. Un Estado precoz y una nación tardía. De hecho, considera que esto no se logró hasta la Constitución de 1978.
  5.  ¿Dónde se funda el poder constituyente? En los derechos fundamentales, que son individuales y universales. Cada individuo puede decidir como quiere organizarse políticamente. El “derecho a la autonomía” lo tiene cada uno de los ciudadanos. Es decir, cada ciudadano catalán -no el “Pueblo catalán” ni la “Nación catalana”- tiene derecho a decidir. Pero esto funciona solo en el plano teórico. El derecho de propiedad es común a todas las personas, pero su ejercicio está limitado por otros derechos o circunstancias. El ejercicio del derecho a decidir sobre mi modo de organizarme políticamente está limitado por otros derechos. Una cosa es el reconocimiento de un derecho y otra el modo de ejercerlo. Podemos estar de acuerdo en el primero, y no saber como resolver el segundo.
  6.  El conflicto catalán es un conflicto entre tres derechos igualmente fundamentales. Para pensar el problema catalán tenemos que plantearlo como un conflicto entre tres derechos legítimos: el derecho a independizarse de los catalanes independentistas; el derecho a no separarse de los no independentistas; y el derecho de todos los españoles para decidir la independencia de una de las partes de la nación definida por la Constitución. Los independentistas apelan a derechos humanos universales: su derecho a decidir el sistema político en el que desean vivir. Pero esos mismos derechos amparan a los demás. El problema surge al tener que decidir el modo de ejercerlos. El conflicto entre derechos es uno de los temas más complejos de la filosofía jurídica. El Brexit está provocando problemas porque se votó lo que se quería hacer, pero sin explicar como hacerlo. El “derecho a la vivienda” está reconocido, pero la dificultad está en cómo se puede ejercer. Por eso, se distingue entre “principios”, que son derechos reconocidos, pero no exigibles, que deben sin embargo orientar la legislación (derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derechos universales de los migrantes).   En el caso de Cataluña sucede lo mismo. No podemos pretender que el derecho a la autodeterminación que tiene cada uno de los catalanes se ejerza partiendo de cero, en un mundo que se vaya a construir de nueva planta. Esa ha sido la utopía de las grandes revoluciones, que han solido traer grandes desdichas. En la situación actual, el ejercicio del derecho fundamental a decidir la organización política en que se quiere vivir se hace inevitablemente desde compromisos históricos trenzados durante siglos, lo que parece recomendar que para poder ejercer ese derecho habrá que pedir autorización a todas aquellas personas que resultan afectadas, que tienen también sus derechos históricos.
  7.  Por qué me parece buena la solución canadiense, En varias ocasiones, los independentistas catalanes han elogiado la fórmula de Quebec.  El 20 de agosto de 1998, el Tribunal Supremo de Canadá respondía a tres preguntas formuladas por el Gobernador de Quebec: (1) En virtud de la Constitución de Canadá, ¿puede el Parlamento de Quebec proceder unilateralmente a la independencia de Quebec?; (2) ¿Puede hacerlo en virtud del Derecho Internacional?; (3) En caso de colisión entre ambos derechos, es decir, que uno admitiera la secesión y otro no, ¿cuál debería prevalecer?

Aunque la Constitución canadiense no tiene ningún artículo sobre la indivisibilidad de la nación, el Tribunal Supremo niega que la Constitución permita la secesión, niega que el Derecho Internacional permita la secesión, y considera que, al no haber contradicción entre ambas instancias, no es necesario contestar la tercera pregunta. Pero añade precisiones muy interesantes para nuestro tema. Si se celebrara en Quebec un referéndum, un voto que diera como resultado una mayoría clara en Quebec a favor de la secesión, como respuesta a una pregunta clara, conferiría al proyecto de secesión una legitimidad democrática que tendrían la obligación de reconocer todas las demás partes de la Confederación. Se refiere a reconocer el derecho de pedirlo y negociarlo, no a un derecho a conseguirlo. ” Quebec, a pesar de un resultado claro en referéndum, -indica- no podría invocar un derecho a la autodeterminación para dictarles a los demás miembros de la federación las condiciones de un proyecto de secesión. El voto democrático, sea cual sea la amplitud de la mayoría, no tendría en sí ningún efecto jurídico”.

Añade otra interesante precisión. “Tampoco es aceptable la proposición inversa: el orden constitucional canadiense existente no podría quedarse indiferente ante la expresión clara, por parte de una mayoría clara de quebequeses, de su voluntad de no seguir formando parte de Canadá”. Deberían por ello establecerse negociaciones en las que se tuviera en cuenta no solo los legítimos deseos de los habitantes de Quebec, sino “los intereses de las demás provincias, del gobierno federal, de Quebec y, de hecho, de los derechos de todos los canadienses dentro y fuera de Quebec, y más especialmente de los derechos de las minorías”. Aunque una mayoría pidiese la independencia de Quebec, la negociación tendría que hacerse entre dos mayorías legítimas: la mayoría de la población de Quebec y la del conjunto de Canadá.

En 1995, se celebró un referéndum sobre la independencia en Quebec, que tuvo una participación del 93,52% —4.757.509 votantes— y que los separatistas perdieron por un margen insignificante, 50,58% frente a 49,42%, una diferencia de 55.000 votos. El proceso, pues, quedó paralizado. Según el Tribunal Supremo, si los secesionistas hubieran conseguido una mayoría significativa eso no les habría conferido el derecho a la independencia, sino solo el derecho a que el resto de la Federación tuviera que considerar ese deseo y comenzar un proceso de negociación en las condiciones que antes he reseñado.


POSTDATA. – LA RED SISTEMÁTICA.

 

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