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Un conjuro educativo: el pacto

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Para hablar con sensatez sobre este tema hay que contestar previamente a tres preguntas: ¿qué es un pacto de Estado?, ¿quién debe firmarlo?, ¿cuál debe ser su contenido?

 

El diccionario define ‘conjuro’ como “fórmula mágica para conseguir un objetivo”. Tengo la impresión de que así funciona la expresión “pacto educativo”. Hay mucha gente que, ante la mediocridad de nuestro sistema, repite como un mantra: “La culpa es de no tener un pacto”. Una de las razones de esta contundente opinión es la proliferación de leyes educativas, que impide las políticas a medio plazo que exige la educación. Pero, en términos agrícolas, la ausencia de pedrisco no asegura una buena cosecha. Un pacto que elimine el vaivén legislativo no va a transformar automáticamente la escuela.

Hace unos meses, Juan Carlos Tedesco, exministro de Educación de Argentina y un gran experto en “pactos de Estado sobre educación”, me decía que la ley argentina de educación es fantástica y que por ello no se ha cambiado en muchos años. Pero, añadía, el único problema era que nunca se había puesto en práctica. Una ley educativa solo sirve cuando sus efectos llegan al último alumno de la última clase del último rincón de un país.

Para hablar con sensatez sobre este tema hay que contestar previamente a tres preguntas: ¿qué es un pacto de Estado?, ¿quién debe firmarlo?, ¿cuál debe ser su contenido? La esencia de un pacto de Estado es procurar un acuerdo estable sobre ciertos temas o sobre ciertas reglas del juego para lograr mayor eficacia en la solución de los problemas. La Constitución señala un marco de acción de los gobiernos. Pues bien, un pacto de Estado supone restringir ese marco “cuasi constitucionalmente” durante un periodo de tiempo. Es acotar el campo de discusión para evitar un vaivén perpetuo.

La transformación no puede hacerse sólo de arriba abajo. La gestión ha de hacerse de abajo arriba

Los pactos de Estado no tienen una forma jurídica determinada: unos han surgido de acuerdos previos entre todos los partidos y otros agentes sociales, como los pactos de La Moncloa (que luego se desarrollarían en el Congreso y el Senado a través de diferentes iniciativas legislativas), otros partieron de alguna comisión del Congreso, cuyo informe resultante se tramitaría en diferentes iniciativas legislativas o no legislativas (Pacto de Toledo), o incluso algunos son un mero acuerdo entre los dos partidos principales con representación parlamentaria para luego tramitar un proyecto de ley (el de reforma del Código Penal para combatir el terrorismo yihadista).

La educación espera un gran pacto de Estado entre PP, Psoe, Podemos y Ciudadanos.
La educación espera un gran pacto de Estado entre PP, Psoe, Podemos y Ciudadanos.

En busca de una hoja de ruta

Pero si el pacto va a exigir una participación ciudadana que no se puede imponer coactivamente, deben participar en él los principales agentes sociales. El pacto social debe ser simultáneo o previo al político. Supongamos que fuera necesario un pacto por la innovación. Puede quedarse en agua de borrajas si los agentes sociales no están dispuestos a innovar, por mucho que la ley lo ordene. Algo semejante sucede con la educación. Por eso conviene que en la elaboración de un pacto participe la mayor cantidad posible de agentes sociales que tengan alguna relación con el mundo educativo. La transformación de la escuela no se consigue por ley. Los mejores expertos en cambios educativos -Michael Fullan, Tom Wagner, Michael Barber, Ken Robinson, etc.- piensan que la transformación no puede hacerse solo de arriba abajo. La gestión ha de hacerse de abajo arriba. Por esa razón, sería conveniente implicar en ese pacto a políticos, familias, docentes, mundo empresarial, sindicatos, organizaciones profesionales, municipios, fundaciones, etc.

Me gustaría que los partidos políticos se comprometieran a fijar un marco de negociación antes de saber si van a estar en el gobierno

¿Y sobre qué debe hacerse el pacto? Sobre aquellos temas que por su relevancia necesiten ser resueltos antes de ponerse a diseñar políticas concretas: la financiación; la relación entre escuela pública, concertada y privada; los diseños curriculares; los sistemas de evaluación; la arquitectura educativa. Y un asunto fundamental, porque su protagonismo en la calidad educativa es indiscutible: la profesión docente.

En el tiempo que queda hasta las elecciones, pienso tratar más veces este asunto, porque me gustaría que los partidos políticos se comprometieran a fijar ese marco de negociación, antes de saber si van a estar en el gobierno o en la oposición.

Llevo mucho tiempo hablando de estos temas. Pero esta semana hay una novedad. El ministro de Educación me ha pedido que elabore un ‘Libro blanco sobre la docencia y la profesión docente’ con el equipo que yo elija, sin condiciones, ni recomendaciones, con total libertad. He aceptado porque creo que la iniciativa puede ser útil para la educación. Pido a todos los lectores de esta sección sugerencias, comentarios, datos, que permitan hacer un retrato de la situación de los docentes, una idea de qué imagen tiene la sociedad de ellos, y una hoja de ruta para que colaboren eficazmente en la mejora de la escuela. Gracias por anticipado.

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