El pacto por la educación en Cataluña (2006)

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El 20 de marzo de 2006 se firmó el llamado “Pacte Nacional per a l’Educació”, un acuerdo de carácter social sobre varios aspectos del sistema educativo catalán, en el último tramo de la legislatura del gobierno de coalición –el Tripartit– formado por el Partit Socialista de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV-EUiA). Más de veinte entidades suscribieron el documento definitivo (con una notable ausencia, la de USTEC·STEs, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública). Del acuerdo quedaron excluidos los partidos de la oposición política.

Este pacto tuvo un antecedente durante la anterior legislatura de Convergència i Unió, siendo responsable de Enseñanza Carme-Laura Gil. Para alcanzarlo se organizó desde la Consejería la llamada Conferència Nacional d’Educació, cuyos trabajos se desarrollaron entre 2000 y 2002, dividida en siete secciones. Al frente de cada una de ellas se puso, en calidad de coordinador, a una persona de prestigio en el ámbito universitario y a dos equipos de trabajo, uno de carácter técnico y otro de carácter participativo. Las siete secciones fueron: Sección I: Descentralización y autonomía de centros; Sección II: Importancia y función social del profesorado; Sección III: Atención a la diversidad; Sección IV: La formación y la inserción laboral; Sección V: Evaluación de los aprendizajes y orientación; Sección VI: Enseñanzas artísticas; Sección VII: Competencias básicas. El objetivo de la Conferencia Nacional era sentar las bases de un gran acuerdo de carácter social que diera estabilidad al sistema educativo y resolviera ciertas tendencias perjudiciales en el sistema. Se trataba de conocer los puntos fuertes y débiles del sistema.

La idea de que el pacto educativo debía producirse, y que debería producirse a través del diálogo social.

Los partidos que suscribieron el acuerdo de gobierno, tras afirmar que la educación iba a ser considerada como su «prioridad central», se comprometieron a impulsar en el marco de un Pacto Nacional para la Educación y la elaboración de la Ley Catalana de Educación. El pacto buscaba cinco acuerdos básicos:

-un acuerdo con los ayuntamientos para cooperar en la educación de la ciudadanía

-un acuerdo de corresponsabilidad educativa con las familias

-un acuerdo con el profesorado para desarrollar una carrera docente estimulante

-un acuerdo con las escuelas financiadas con fondos públicos para compartir responsabilidades

-un acuerdo con la comunidad educativa para gestionar los centros de manera autónoma y eficaz

La principal preocupación de sus redactores era la creciente dualización de la red escolar, esto es, la tendencia –especialmente marcada en los núcleos urbanos– hacia la consolidación de una escuela concertada en la que se escolarizan preferentemente los hijos de las clases medias, mientras que la escolarización de los hijos de las familias con menos recursos se produce de forma mayoritaria en la escuela de titularidad pública. Para evitar este problema, se debía alcanzar un proceso  tendente a «igualar los centros concertados con los centros públicos» al menos en dos aspectos:

-todas las escuelas deben respetar el principio de gratuidad de la enseñanza

– y las condiciones de escolarización no deben ser diferentes en función de la titularidad pública o privada de los centros

Se establecieron una serie de dispositivos destinados a corregir ciertas prácticas de selección del alumnado habituales en la escuela concertada (creación de Oficinas Municipales de Escolarización, la planificación educativa, y un compromiso de revisar los conciertos educativos).

También se acordó un extenso repertorio de propuestas pensadas para potenciar los centros de titularidad pública. Algunas de ellas tenían un carácter puramente administrativo (traspaso de competencias..) Otras iniciativas –como el «Plan de choque para la mejora de los centros públicos» o el «Plan de impulso del aprendizaje de las lenguas»– apenas quedaron recogidas en el texto del Pacto Nacional y quedaron abiertas. El núcleo de las propuestas pensadas para la escuela pública se puede resumir en tres ítems:

 -La convicción de que la mejora de la escuela pública requiere modificar las condiciones laborales de quienes trabajan en ella

Conseguir, de acuerdo con la comunidad educativa una gestión autónoma y eficaz de los centros. Para ello, se preveía  una línea específica de recursos financieros, materiales, técnicos y humanos, vinculados al desarrollo del proyecto educativo de centro (PEC), temporizado y evaluable, con especial atención a los centros ubicados en zonas social y económicamente desfavorecidas

La introducción de la «sexta hora» en la escuela pública, que llegaría a convertirse en el elemento más emblemático y, a la vez, en el más polémico del Pacto Nacional (las escuelas de titularidad privada en su mayoría incorporaban en Cataluña una hora más de escolarización para sus alumnos, bajo el concepto de actividades complementarias de carácter no estrictamente curricular Esa hora de más comportaba diversas diferencias entre los centros públicos y concertados)

En un anexo, por influencia del “el Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana” (firmado por el Gobierno de la Generalitat con las principales organizaciones sindicales y empresariales), se incluye una referencia a la potenciación de una tercera lengua, el inglés.

La Consejería decidió que el órgano donde debía iniciarse el diálogo para establecer un pacto sobre educación debía ser el Consell Escolar de Catalunya, que presentó su propuesta en octubre bajo el título de Document-guió sobre el Pacte Nacional per a l’Educació. Se encargó entonces a cinco grupos de expertos que redactaran sendos documentos referidos a los cinco temas fijados (profesorado, autonomía de centros, servicio público educativo, familia y educación, corresponsabilidad de los ayuntamientos en la educación). En los cinco grupos de trabajo, además de expertos independientes, había personas directamente vinculadas a la administración. Se presentaron públicamente diferentes documentos surgidos del debate.

El núcleo del Pacto lo constituyen cuatro cuestiones:

-Las Oficinas Municipales de Escolarización (que debían velar por el cumplimiento de la legalidad del proceso de admisión del alumnado mediante las Comisiones de Escolarización, proporcionar información y orientación a las familias, procurar una distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas que permita su integración, facilite la cohesión social y favorezca la calidad educativa adecuada para toda la población escolar)

-Los Contratos Programa (de acuerdo con esta fórmula, los centros de titularidad privada más comprometidos en atender equitativamente las necesidades de escolarización y ajustarse a la plena gratuidad obtenían un incremento en el importe de sus conciertos. El problema era que muchos centros no manifestaban interés en formalizarlo)

-La sexta hora

-La autonomía Escolar

Medina ve una falta de encaje conceptual entre las diferentes medidas que propone el Pacto para contener la tendencia a la dualización social que aqueja al sistema educativo catalán, y la decidida apuesta que se hace en él por la autonomía escolar, que parece apuntar en la dirección contraria.

Considera Media que sería ingenuo suponer que el consenso en educación puede realizarse de una manera plena, sin fisuras ni desajustes. Y también lo sería suponer que la existencia de tales fisuras invalida el espacio de consenso alcanzado, o que el carácter inevitable de las disonancias que se dan en ese espacio hace imposible y no deseable el intento de construirlo.

 

BIBLIOGRAFÍA:

-Medina, David (2007) “El Pacto por la Educación en Cataluña. La realidad y el deseo” Revista de Educación, 344, pp. 117-140

 

 

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